Las facturas de luz y gas incluyen cargos difíciles de entender y condiciones poco transparentes. Muchos contratos esconden cláusulas que perjudican al consumidor, obligándole a pagar más de lo que realmente corresponde. Esta opacidad genera desconfianza y deja a los usuarios en clara desventaja.
Además, los precios aumentan sin control ni justificación clara. Cada subida se impone de manera unilateral, sin ofrecer explicaciones ni mecanismos eficaces para que el consumidor pueda defenderse. Frente a gigantes con recursos ilimitados, los afectados se sienten solos e indefensos.